¡Por qué esperar tanto!

Dr. Enrique Muñoz Pérez

Centro de Estudios Migratorios e Interculturales, Universidad Católica del Maule

¡Por qué esperar tanto!


 

 

El martes 08 de agosto de 2017, nos enteramos que un grupo de diputados de oposición, más el voto de una diputada de la coalición de gobierno, han aprobado la interpelación del Ministro del Interior y Seguridad Ciudadana, Sr. Mario Fernández, debido al retraso del envío al Congreso Nacional de la propuesta de ley migratoria. Como es sabido, la interpelación es una atribución que tiene la Cámara de Diputados de Chile para representarle al poder ejecutivo sus diferencias y/o observaciones respecto de su ejercicio político.

A lo anterior se suma la renuncia a fines de julio de 2017 del ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, Sr. Rodrigo Sandoval. Estos son dos hechos significativos que han ocurrido respecto del fenómeno migratorio. Mi intención en la presente columna no es hacer comentarios acerca del intríngulis político, sino que reflexionar sobre el problema de fondo: la necesidad de actualizar la legislación migratoria chilena.

Hasta el momento, el fenómeno de la migración en Chile es regido por el Decreto Ley N°1094, conocido como “Ley de extranjería”, que fue publicado en el Diario Oficial el 19 de julio de 1975. A ello se suma, entre otros, el Decreto Supremo N°597 de 1984, conocido como el “Reglamento de Extranjería” y el Decreto Supremo N°5142 de 1960, referido a la “nacionalización de extranjeros”. Es decir, normas legales que fueron promulgadas durante la dictadura militar o hace más de 50 años, en un contexto cultural muy diferente al actual.

El mero paso del tiempo haría exigible una renovación y actualización de estos cuerpos legales, a no ser que estuviera en juego algo más profundo: los derechos y deberes de las personas que migran hacia nuestro país. La no existencia, entonces, de una ley de extranjería y migración actualizada y acorde a los desafíos que vive el país, deja a los migrantes expuestos a la voluntad y el arbitrio de las personas y de las instituciones.

Ciertamente, en algunos casos, instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud han respondido positivamente garantizando a los migrantes el acceso a sus servicios, con independencia, incluso, de si el migrante ha regularizado o no su situación. Lo anterior se sustenta en los diversos convenios internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Sin embargo, por todos es conocido los abusos que son víctima los migrantes en temas laborales o de vivienda.

Muchos migrantes trabajan en Chile sin contrato o pagan cifras desproporcionadas por un arriendo. Por estas razones urge la necesidad de un cuerpo legal que establezca los deberes y derechos que deben tener en nuestro país las personas que quieran asentarse en él. Este cuerpo legal debiera hacer que la migración cumpla con los principios que la Organización Internacional para las migraciones (OIM), dependiente de Naciones Unidas, ha establecido para ella: la migración deber ser regular, ordenada y segura.

Por lo anterior, si bien hay que destacar la iniciativa que tuvo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que envió un proyecto de ley sobre migración y el anuncio que hizo la Presidenta Michelle Bachelet, en su discurso ante el Congreso Nacional, el pasado 01 de junio, llama la atención la demora que ha tenido el ejecutivo para enviar el mencionado proyecto a trámite.

Como dije anteriormente, mi intención es mostrar la necesidad de este cuerpo legal. En especial, porque, en general, el migrante no sólo viene en la búsqueda de un futuro mejor –cuestión que Chile ya hizo con los migrantes alemanes, franceses o suizos a fines del siglo XIX-, sino que porque la migración es un aporte imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de un país. Ejemplo de ello son, indiscutiblemente, Estados Unidos, Australia, Alemania, India o China. La clave es, entonces, que las reglas del juego estén claras para todos, cuestión que una normativa legal actualizada y en concordancia con los derechos humanos fundamentales tiene como objetivo. Esperaremos con mucho interés, como Centro de Estudios Migratorios e Interculturales de la Universidad Católica del Maule, el devenir de la discusión parlamentaria, la que probablemente ser verá reflejada en la contienda presidencial.

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