UCM - Académicos opinan: "Chiloé, una expresión de un problema estructural"

UCM – Académicos opinan: “Chiloé, una expresión de un problema estructural”

Los académicos Pilar Muñoz Figueroa y Dr©. Felipe Saravia Cortés, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, Sede Curicó, hacen un profundo análisis de lo que está ocurriendo en el sur del país y las razones de fondo tras el conflicto.

La reciente crisis socio-ambiental en Los Lagos y las ya declaradas o emergentes crisis en otras regiones, constituyen una expresión clara de la multiforme desigualdad de nuestro país. Estamos nuevamente ante un desbalance de poder entre los habitantes de un territorio subnacional como Chiloé y nuestra capital nacional donde se establecen “soluciones” para problemáticas en las que los afectados no tienen participación sino la ganada a la fuerza, vía marchas, cortes de camino y presión social. Con razón en el reciente seminario de la Fundación Chile Descentralizado realizado el lunes 09 de mayo en el ex congreso nacional, se critica el escaso avance en la implementación del conjunto de medidas propuestas por la comisión asesora presidencial para la descentralización cuyo informe fue entregado en octubre del 2014.

Así las cosas, los territorios subnacionales en Chile cuentan con escaso poder de decisión respecto de los procesos que viven. No sólo las decisiones que más les afectan se toman en la capital, sino que además, en la mayor parte de los casos tienen que ver con intereses de grandes capitales extranjeros, como es el caso de las salmoneras en Chiloé, la industria forestal en la Araucanía y Biobío y las mineras en el norte de nuestro país. En muchos casos, esas decisiones tomadas por otros (que tienen mayor poder) se transforman en fuente de riesgos para dichos territorios.

Por ello los conflictos socio-ambientales deben ser entendidos en el marco de esta asimetría brutal entre los habitantes de territorios subnacionales y grandes capitales internacionales, que en vinculación con el nivel central del Estado han instalado desde hace décadas en nuestras regiones y territorios, un modelo de crecimiento económico basado principalmente en el extractivismo, que trae consigo un conjunto de externalidades negativas, como está en proceso de quedar claro en el caso de Chiloé, pero que ha quedado ya bastante claro en múltiples casos de megainversiones tales como la central de Ralco en Alto Biobío o en el Cajón del Maipo, sólo por dar algunos ejemplos.

En este sentido, el problema suscitado en Chiloé no se soluciona con bonos. No se trata de un problema contingencial, sino de carácter estructural. La pregunta no es sólo cómo viven los chilotes mientras dura la crisis ambiental, sino cuál es el modelo de desarrollo que se desea, y si acaso se está en derecho de plantearse tal pregunta. ¿Es legítimo, por ejemplo, que una región, o si se quiere un territorio específico dentro de una región, pueda plantearse a sí misma sus propios fines y concepciones de lo deseable? Es cierto que se cuenta con instrumentos como las estrategias regionales de desarrollo y los planes de desarrollo comunal, pero ¿qué peso político real otorgan estos para la autodeterminación de los territorios?

Un país más justo creemos, pasa por reconocer que siendo un Estado unitario podemos respetar nuestra diversidad interna y generar espacios para formas distintas de vivir, sin las presiones de grandes capitales hacia territorios no metropolitanos, o al menos otorgándoles a estos las capacidades para decidir respecto de su propio destino y el de sus bienes comunes.

Fuente: Comunicaciones UCM

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