03 Dic Columna de Opinión Juan Oyarzo, Rector UMAG: ” Una mesa con el Ministerio de Hacienda”
Las Universidades Estatales estamos evaluando los impactos económicos que significará la aplicación de los nuevos criterios de gratuidad, contenidos en la reciente Ley de Educación Superior. Hay una institucionalidad que vamos a tener que enfrentar todas las Instituciones de Educación Superior (IES), así que habrá que levantar la información pertinente para ver cómo y cuánto impacta, finalmente, a todo el sistema educacional.
Uno de los principales cambios que trae esta reforma dice relación con los estudiantes que pierden su derecho a gratuidad por no terminar su carrera a tiempo, quienes tendrán que asumir el costo del 50% de su carrera, mientras el otro 50 es absorbido por la propia casa de estudios. Estimamos que, en nuestra Universidad de Magallanes, más de 430 jóvenes pudiesen perder el beneficio, lo que podría redundar en un detrimento de casi mil millones de pesos en nuestro presupuesto.
Por eso, celebramos la gestión que este mes nos permitió a los cuatro rectores de las Universidades Estatales extremas de Iquique, Tarapacá, Aysén y Magallanes, asistir a una sesión de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado que, entre sus 16 integrantes, cuenta con los representantes magallánicos Carlos Bianchi y Carolina Goic. La invitación tenía por objetivo abordar la importancia y condiciones de operación de las IES en los extremos del territorio, gracias a lo cual pudimos profundizar en lo que nos beneficia y nos afecta.
No es lo mismo desarrollar educación superior en las zonas extremas, sobre todo, después de 1981, año en que se impuso un modelo de financiamiento que, en nuestro caso, depende en un 80% de las matrículas y aranceles. Dicho de otro modo, el Estado transformó la educación en un bien transable, obligándonos a funcionar como universidades privadas, y a entrar al mercado ofreciendo un servicio cuyos costos fijos, siempre en aumento, hay que solventar habiendo 1 mil o 4 mil alumnos.
Explicamos además a los parlamentarios que no sólo somos una universidad extrema, sino también, a diferencia de las otras tres, aislada. Esto quiere decir que, junto a la modificación de la gratuidad, nos impacta la baja demanda -con el crecimiento demográfico más bajo de Chile- la condición económica -en la región con el mayor costo de vida- y el nivel educacional de nuestros secundarios -con incentivos a los mayores puntajes que migran hacia la zona central- , y el desafío de acoger a los de menor rendimiento, que no sólo requieren nivelación académica, sino también, muchas veces, más tiempo para terminar sus estudios.
Enviar un oficio al Ministerio de Hacienda, fue el mayor acierto de este encuentro. A esta decisión, y a la gestión de nuestros senadores en medio de la discusión del Presupuesto 2019, le debemos el compromiso del gobierno de constituir una mesa técnica de trabajo, con el fin de establecer un financiamiento diferenciado para las instituciones extremas.
Algo de tranquilidad tendremos para el próximo año, sabiendo que habrá una instancia donde seguir ilustrando a los tomadores de decisiones, acerca de la situación en la que trabajamos y que, en general, les es profundamente desconocida.
Este espacio de comunicación que tendremos durante el próximo año, no sólo permitirá visibilizar la necesidad de un trato que iguale, fortalezca o mejore nuestras condiciones, sino que, de algún modo, también reconoce el rol y la actividad que la Universidad de Magallanes viene desarrollando en distintas áreas, durante tanto tiempo.
La Prensa Austral, 01 diciembre
